Sigue la impunidad en los asesinatos de antorchistas oaxaqueños

Gobierno mexiquense auspicia represión a transportistas antorchistas

Gobierno mexiquense auspicia
represión a transportistas antorchistas


05 de agosto de 2011


*Catorce presos políticos, 40 unidades del transporte retenidas y agresiones físicas son el saldo del apoyo gubernamental al “Zar del transporte”, Axel García Aguilera: Miguel Ángel Casique Pérez

Toluca, Méx.- Telésforo García Carreón y Miguel Ángel Casique Pérez, integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, responsabilizaron directamente a la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEM), la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y la Secretaría del Transporte (ST), como responsables de la represión a transportistas adheridos en su organización social.

La dirigencia antorchista aseguró: “se ve la parcialidad de las autoridades para obligar a claudicar a los trabajadores que se oponen a los abusos y arbitrariedades del “Zar del transporte concesionado”, Axel García”.

García Carreón recriminó el proceder de la Secretaria General de Gobierno, al no cumplir en absoluto con los compromisos acordados con el antorchismo. En cambio, sí ordenó operativos, retención de unidades de transporte público y agresiones contra las empresas México-Zumpango, Alianza de Autotransportes Zumpango y la Ruta 27. Testificó: “mientras integrantes de nuestra organización tuvieron el miércoles una reunión de

trabajo con funcionarios estatales, se llegaba a acuerdos temporales para que cesen las provocaciones y violencia contra trabajadores independientes del volante, paralelamente, ordenaban de manera irresponsable un juego maquiavélico para la detención de nuestros compañeros”.

Asimismo, denunció: “las autoridades persiguen, desde hace varios días y de manera febril, al empresario Luciano Rodríguez, dueño de la Alianza de Autotransportes Zumpango. La Procuraduría quiere detenerlo o a cualquiera de sus familiares por el único `delito´ de apoyar al Movimiento Antorchista”.

En conferencia de prensa, el Comité Estatal de Antorcha Campesina refrendó su apoyo a los transportistas independientes y aseguró: “nosotros estamos de lado de la Alianza de Autotransportes Zumpango, México Zumpango y la Ruta 27 porque a ellos les asiste la razón”.



Miguel Ángel Casique Pérez, diputado de extracción antorchista, aseguró que en la lucha de transportistas se vive un movimiento democratizador “al negarse a soportar más los abusos y cuotas excesivas de Axel García; incluso, hay otras dos empresas que piden afiliarse a la organización”.

Casique Pérez agregó: “eso es falso, aquí están las empresas y sus dirigencias, están legalmente formadas y dos de ellas cuentan con 60 años de trabajo y servicio a los usuarios”.

A su vez, García Carreón refirió que los sucesos en vez de resolverse se complican. Por tales circunstancias, una vez concluido el mitin frente a la sede del ejecutivo estatal, los antorchistas instalaron un plantón permanente, hasta que resuelvan sus demandas; sin importar “que tengamos que estar todo lo que resta de la administración”.

También, anunció que el próximo martes marcharán de nuevo 20 mil antorchistas a la ciudad de Toluca para pedir otra vez la intervención seria y responsable del gobernador Enrique Peña Nieto en la solución de este problema que Axel García Aguilera ha agravado con base a actos arbitrarios que son protegidos.

Un plantón es el resultado del incumplimiento del gobierno de San Luis Potosí

La Secretaría del Transporte y Axel García Aguilera asestan otro golpe brutal a transportistas independientes

Nuevamente Axel García Aguilera, líder del “pulpo camionero” en la zona norte del estado, protegido y apoyado por la Secretaría del Transporte mexiquense, orquestó  una nueva y brutal agresión en contra de transportistas independientes de los municipio de Zumpango, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, que no están de acuerdo con su cacicazgo, amenazas e imposición de cuotas excesivas.

El día de hoy, funcionarios de la Secretaría del Transporte y agentes de  la Agencia de Seguridad Estatal  detuvieron a seis unidades “Urban” de la empresa México-Zumpango y Anexas, 17 autobuses de la empresa “Alianza de Autotransportes Zumpango” y a once trabajadores del volante, los cuales se encuentran recluidos injustamente en el penal de Cuautitlán-México.

Los transportistas independientes explicaron que las 23 unidades de transporte público detenidas por las autoridades bajo el falso argumento de  de que “prestan servicio público indebido”,  es una artimaña de la Secretaría del Transporte, porque “estas empresas están debidamente consolidadas y cuentan con toda su documentación y concesiones en regla; con estas acciones se demuestra que Luis Felipe Puente y Rogelio Conde son servidores de García Aguilera y que se prestan a las acciones mafiosas del pulpo del transporte”, indicaron.

Denunciaron que personal del cacique del transporte García Aguilera colocó retenes con combis y microbuses de las  empresas Izgasa y Nuevo Milenio -ésta a cargo de Tomás Moreno- en la avenida López Portillo a la altura de la Plaza Coacalco y el hotel Gran Vía; ahí, bajaban a choferes y a usuarios de las unidades de la ruta 27 adheridas al Movimiento Antorchista, y les propinaron fuertes golpizas para enseguida despojarlos de sus vehículos, no sin antes lanzarles la amenaza: “si no regresan con Axel, aténganse a las consecuencias”.

Miguel Ángel Ocampo Lara, representante de los transportistas independientes, dijo que “así se las gasta García Aguilera; es evidente que esta es una venganza en contra de los choferes antorchistas y del empresario Luciano Rodríguez Ramos, quien dirige la línea “Alianza de Autotransportes Zumpango” y que recientemente se adhirió y apoya al Movimiento Antorchista”.

Agregó Ocampo Lara: “lo terrible de los hechos y de las agresiones que se dan en contra de nuestra organización, es que éstas se den mientras que la dirigencia de nuestro movimiento sostenía pláticas con el secretario del Transporte, para resolver la problemática desatada por el monopolizador García Aguilera”.

Los choferes que están presos de forma ilegal y con delitos fabricados a modo por García Aguilera, son: Miguel Ángel Rodríguez, Víctor Lara Ballardo, Erik Fonseca Sandoval, Isaías Cabrera Castillo, Guillermo Juárez Amaro, Sergio González Sánchez, Martín Israel Ortega Sánchez, Luis Ricardo Palacio, Ricardo González Rodríguez, Ciro Crescencio González Alanís y Eddy Ramírez Pérez, este ultimo menor de edad y ajeno a los hechos.

Ocampo Lara anunció que mañana se manifestarán masivamente en la ciudad de Toluca para pedir la intervención del gobernador Enrique Peña Nieto en la solución del conflicto; aseguró que posteriormente se instalarán en plantón por tiempo indefinido.

Raíces Vivas de Chimalhuacán llega a Jalisco

Axel García Aguilera, leyenda negra y azote del transporte mexiquense

Axel García Aguilera, leyenda negra y azote del transporte mexiquense

02 de agosto de 2011

*Es denunciado por representar la versión sombría del pulpo camionero revivido *Las evidencias señalan: no existe autoridad que frene su voracidad en el servicio de transporte de pasajeros * “Tengo amigos en la procu”, presume el ex alcalde de Cuautitlán Izcalli TOLUCA, Estado de México.- El compadrazgo, el salvajismo, la presión política, el abuso y actos de corrupción e intimidación para aquellos que no quieren seguir su juego, son las prácticas diarias en que se ampara el ex alcalde de Cuautitlán Izcalli, Axel García Aguilera, en sus intentos por apropiarse a toda costa de las concesiones del servicio de transporte de pasajeros en el Estado de México y, de una vez, ostentarse como “el rey del transporte” en la entidad. Algo así como una versión “moderna” del otrora pulpo camionero de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Hostigamiento a punta de pistola, amenazas de muerte, golpizas  y otras arbitrariedades han caracterizado al ex procurador General de Justicia de la Zona Poniente, quien ahora es propietario de  las empresas “Izcalli García Aguilera S.A.” (Izgasa) y la “Alianza de Auto transportistas Autónomos de la República Mexicana” (Triple A), con más de dos mil unidades de su propiedad que disputa el control de las rutas en los municipios Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza, con otro dirigente de transportistas de nombre Guadalupe Uribe. Esta organización y su empresa se caracterizan por facilitar camiones para el traslado de simpatizantes a los mítines de los candidatos del PRI a puestos de elección popular. “Se ha convertido en toda una mafia que quiere dominar al transporte y presionar para obtener un cargo público”, aseguró la dirigente de Antorcha Popular, Maricela Serrano Hernández, también diputada federal. No obstante estos antecedentes, la actitud que ha asumido el ex alcalde para seguir al frente de los transportistas no tienen razón; a pesar de que se le ha acusado “de matón”, no existe autoridad alguna que lo detenga. Él hace y deshace a su antojo. Cuando algo no le gusta o no le conviene lo desecha. Por el contrario, si le beneficia, lo arropa y lo protege. “Tengo a mis amigos en la procuraduría que me ayudan cuando tengo problemas”, ha presumido ante quien lo quiere escuchar. La esposa  de García Aguilera es una sobrina del ex gobernador del estado de México, Carlos Hank González; de ahí la parentela política y la impunidad que le caracterizan. La madeja El problema del transporte en el estado de México no es sencillo de resolver. Su reordenamiento iniciado hace casi 10 años, aún no concluye. Luis Felipe Puente Espinoza, el secretario del Transporte estatal sobre el que pesan sospechas fundadas de una eventual protección al “zar” del transporte, señaló que hasta este año se lleva un avance del 98 por ciento, al pasar los concesionarios de Asociaciones Civiles a Sociedades Mercantiles. El Estado de México es una de las más grandes entidades de América Latina donde utilizan el transporte 7.5 millones de personas que realizan al día 15 millones de viajes. Tiene una movilidad comparable a la que registran España o Italia, entre otros.  De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría del Transporte, en el Estado de México existen 125 mil 486 concesiones, de las cuales 13 mil 259 fueron otorgadas durante la presente administración. Se calcula que hay al menos 35 mil unidades “pirata” que circulan en la entidad y que sus propietarios son un sinnúmero de dirigentes de todos los partidos políticos. De éstas, 343 formaron sociedades mercantiles. Se han renovado 87 mil 576 unidades con una inversión superior a los 22 mil 500 millones de pesos durante este sexenio. Después del proceso electoral de julio pasado, las fuerzas políticas del Estado de México quieren aprovechar la entrada de la nueva administración para colocar “a su gente”, o incluso para lograr un cargo que represente a los transportistas. Es ahí donde Axel García cifra posibilidades de un negocio político adicional. Incluso, en una conferencia que dio en fecha reciente, este llamado “rey del transporte” o “mafioso de cuello blanco” se molestó con el reportero que le preguntó “¿cuáles son  sus pretensiones con el próximo gobierno, cuando usted nunca se ha parado por la zona oriente?” (a donde frente a la prensa fue a lanzar una serie de improperios contra sus opositores). La respuesta la hizo “sencilla” el propio García Aguilera: “nosotros no queremos hueso, porque ya lo tenemos; lo que queremos es que Antorcha Popular no se meta en el transporte”, remató, en franca alusión a la organización social que intercede por los intereses de choferes disidentes. Axel es el responsable de las agresiones: Maricela Serrano La diputada federal del PRI Maricela Serrano Hernández, reiteró que el monopolio de transporte público que Axel García ha erigido en la zona norte del Estado de México, mantiene amenazados y hostiga a los transportistas independientes. La legisladora responsabilizó al monopolio transportista que dirige Axel García Aguilera de las consecuencias que arroje el ataque y desalojo de los 290 transportistas independientes. En un comunicado, convocó al gobierno estatal a que intervenga para evitar las nefastas consecuencias que acarrearía un ataque violento, tal como lo anticipó el monopolio de García Aguilera y que la tarde del 25 de julio cumplió en Tepotzotlán, donde unos 200 individuos armados con tubos golpearon a choferes antorchistas, tres de los cuales resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.   Serrano Hernández sostiene que como parte de los preparativos para la embestida, taxistas y microbuseros de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Nicolás Romero y Atizapán hacen una campaña de intimidación, descrédito e incitación a la violencia contra los transportistas independientes y de otras organizaciones. Esta organización, dijo, se escuda y manipula con la imagen del gobernador Enrique Peña Nieto para buscar permanecer con el monopolio del transporte en la entidad. Aseveró que García Aguilera, de las dos mil unidades de su propiedad y de las ocho mil incluidas en su acaparadora Alianza Triple "A", solamente 25 por ciento cuenta con placas oficiales. "El resto son unidades toleradas, cuyos propietarios están obligados a aportar de entrada 10 mil pesos, otros 710 pesos cada semana y 450 pesos más cada cuatro meses, por la venta de protección. Cualquier "atraso", significa una "sanción" adicional de 42 pesos diarios", puntualizó. Serrano Hernández subrayó que el Gobierno del Estado de México, concretamente la Secretaría del Transporte a cargo de Luis Felipe Puente, “tiene la obligación de acabar de una vez por todas con esas acciones de brutalidad y gangsterismo de Axel García y sus testaferros”. Por otra parte, las pretensiones de los caciques del transporte como lo son Axel García Aguilera, en la zona noreste del Valle de México, y Heriberto Oviedo Don Juan, en la zona oriente, de agrupar a 150 mil concesionarios de 480 agrupaciones para frenar el avance que tiene Antorcha Popular, no preocupan. Falsas las acusaciones del cacique: Tolentino En entrevista, el alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, dijo que “si Axel García tiene pruebas de que los integrantes de Antorcha Popular invaden las rutas que él dice, pues que lo demuestre”. Además dijo que la autoridad municipal no tiene facultades para dar o quitar permisos o concesiones de transporte. Estas acciones son materia de la Secretaría del Transporte; no es competencia estatal “y si por lo consiguiente él habla de permisos y usurpación de funciones, que presente su denuncia y que lo demuestre, porque el que acusa está obligado a probar”. Sobre los posibles enfrentamientos que pudieran darse entre las diversas organizaciones de transportistas e integrantes de Antorcha Popular, el alcalde de Chimalhuacán hizo responsable a los primeros, “porque nuestra organización es pacífica”. A la disidencia se le acosa y golpea Desde hace nueve años, los trabajadores del volante de la Zona Norte del Valle de México decidieron organizarse como empresa independiente, separada del control absoluto que ejercía –y sigue ejerciendo- el grupo de concesionarios que dirige en ese sector Axel García Aguilera. Todos sufren las consecuencias de su disidencia: A los transportistas se les persigue con saña, sus unidades son destruidas, se les acusa indebidamente ante las instancias de justicia, y se les apresa; en resumen, se les persigue como criminales, cuando en realidad los criminales son sus persecutores, refiere Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente del antorchismo en la Zona Noroeste del estado. Baste señalar que los choferes sometidos al abuso de Axel García deben aportar, de entrada, diez mil pesos para la compra de “derechos”; semanalmente pagar 710 pesos, y 450 pesos cada cuatro meses por la venta de protección. Las revelaciones provenientes de disidencias ocultas dentro del mismo “pulpo” precisan que cualquier “atraso” significa para los choferes una “sanción” adicional de 42 pesos diarios. Por éstas y otras circunstancias, y en uso cabal de su derecho constitucional a la libre organización, trabajadores del volante decidieron escindirse y eso les ha significado ser perseguidos. Los propios usuarios del servicio de transporte público concesionado, han sufrido en carne propia los actos vandálicos de los grupos de golpeadores financiados por el “pulpo”, que incluso han destruido las unidades de los choferes opositores.  “Somos testigos de calidad de las condiciones lastimosas en que los concesionarios prestan el servicio, tanto en el trato a los consumidores como en las condiciones mecánicas de la mayoría de sus unidades, así como de la forma facinerosa en que se conducen sus operadores. Creemos que el costo del servicio, mayoritariamente fijado a arbitrio de cada empresario, no corresponde a los estándares del servicio que prestan”, indicaron. “Estamos convencidos de la complejidad que representa que una pequeña agrupación de apenas 290 choferes de microbuses y taxis, que prestan sus servicios en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tultitlán, Nicolás Romero, Atizapán y Tlalnepantla, de la Zona Norte, se atrevan a defender su dignidad contra un monopolio de más de 8 mil unidades representadas por García Aguilera”, concluyó la disidencia. Antecedentes negros en Cuautitlán Izcalli El ex presidente municipal de Cuautitlán Izcalli y ex subprocurador de Justicia del Estado de México tiene otros antecedentes negros. En 2007 fue denunciado por haberse apropiado de un predio ubicado a un lado del Lago de los Lirios en donde fue construido un desarrollo comercial que implicaría el cierre de un tramo de la avenida Cuautitlán Izcalli y el deterioro de la ecología del lugar. En ese entonces, la Comisión Permanente del Congreso pidió al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y a las autoridades de la presidencia municipal, que realizaran una investigación y deslinden responsabilidades. De acuerdo con el dictamen, que fue aprobado por unanimidad por la Legislatura de aquel entonces, el Lago de los Lirios representaba un destino temporal de aves migratorias, y era un reducto de preservación ecológica en ese municipio en donde la flora y la fauna son escasas. El dictamen señalaba que desde hace algunos meses una de las vialidades contiguas a las inmediaciones de este parque fue cerrada por un particular que se ostenta como dueño del predio ubicado en la esquina de Constitución y avenida Cuautitlán Izcalli, en la colonia Ensueños. Esta persona fue el notario público Axel García Aguilera, quien fungió en otro tiempo como presidente municipal y subprocurador de justicia durante el gobierno de Arturo Montiel y quien ahora asegura que los terrenos siempre le han pertenecido pero los “prestó” desde 1980. El ex alcalde García Aguilera construyó un inmueble para uso comercial, del cual asegura que posee los permisos de construcción que justifican el cerco tendido en parte de la avenida Cuautitlán Izcalli, en su intersección con la Avenida Constitución. El anterior gobierno municipal (2006-2009) autorizó la construcción de un centro comercial en 13 mil metros cuadrados de predios que pertenecían a la laguna, toda vez que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó al Ayuntamiento que el lugar no es considerado cuerpo de agua, por lo que no hubo objeción para autorizar la obra. Habitantes de la colonia Plan de Guadalupe aseguran que hace 30 años la presa El Angulo tenía agua clara y había peces y patos, aunque desde hace dos décadas el lugar empezó a recibir aguas negras de colonias de Cuautitlán Izcalli y Atizapán. Efectivamente, todo apunta a que durante el ejercicio municipal de García Aguilera se relajó la rigurosa legislación que mostraba a Cuautitlán Izcalli como municipio modelo de urbanismo regulado, creado en 1973. Secuelas de la golpiza reciente En un recorrido por los distintos derroteros donde esta semana las huestes de García Aguilera agredieron a sus opositores, los testimonios de la agresión con tubos y pistolas coinciden: Axel García ha querido imponer su ley en la zona norte de la entidad, con el fin de apropiarse de sitios para colocar unidades de sus empresas: AAA (Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana) e Izgasa (Izcalli García Aguilera Sociedad Anónima). Varios choferes refieren que el pasado lunes y específicamente en la ruta de San Mateo Xoloc, en Tepotzotlán, hombres que viajaban en camionetas bajaron a los usuarios de combis, destruyeron tres de ellas y golpearon a los tripulantes. Momentos después y ante tal panorama, integrantes del Movimiento Antorchista repelieron el ataque a lo que se sumaron vecinos del lugar. El panorama mexiquense La del Estado de México es una de las entidades con mayor población en toda la República, con más de 15 millones de ciudadanos, de los cuales el 80 por ciento viaja en transporte público, por lo que se ha visto atrapado en el monopolio del servicio que mueve a los mexiquenses. Con lo que respecta a los abusos del ex político mediante sus empresas, se encuentran el cobro por las concesiones para poder adherirse a algunas de las tantas organizaciones que conglomeran su movimiento. Algunos de esos cobros ascienden hasta 80 mil pesos; sin embargo, y aun pagando esa “cuota” a un particular y no precisamente al gobierno, dicho “permiso” para poder operar no llega, según refirieron algunas personas que con sus ahorros pensaban incursionar en dicho sector, pero que desafortunadamente fueron timados; por temor a represalias, prefirieron permanecer en el anonimato. Los principales derroteros que guardan mayor tensión son: La Joya, La Libertad y San Mateo Xoloc al noroeste del estado, pues ahí radican más de 250 transportistas que años atrás tomaron la decisión de independizarse de la estructura de García Aguilera por los abusos en los cobros desde el tarjetón para circular. ¿Inocencia o ineficacia? “Desconozco sinceramente dicha problemática”, dijo en entrevista telefónica el presidente de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados del Estado de México, José Isidro Moreno, al referirle de las constantes riñas entre las empresas que cuentan con las concesiones para dar el servicio del transporte. Sobre los conflictos se excusó argumentando que las tareas en el Congreso solamente buscan “crear leyes cada vez más reales a las condiciones político-social”. Comentó que los principales trabajos dentro de la Comisión son la regularización de grúas y las tarifas, la prohibición de entintados en los parabrisas de taxis y reestructuración de carreteras, así como el nuevo libro de Código Administrativo y el actual proceso de reordenamiento vehicular. De paso, y en relación al tema del tren suburbano, calificó como mentira las conjeturas de gran parte del sector transportista que reclama la pérdida de la fuente de ingresos a más de 15 mil trabajadores del volante, pues el suburbano deja de lado a muchas rutas. Argumentó que para eso existen los alimentadores donde se han ido reubicando a las unidades. En relación a los señalamientos de complicidad entre el titular de la Secretaria de Transporte, Luis Felipe Puente, y el subsecretario Rogelio Conde, con Axel García, sobre monopolizar el servicio en la entidad, el diputado Isidro Moreno desestimó las acusaciones una y otra vez. “No lo creo, conozco al señor secretario y su equipo de trabajo y me parecen unas personas honestas… existe un canal muy cordial entre la Comisión que encabezo y la institución”, apeló. Ante complejo panorama donde la gran parte de afectados son los usuarios, los transportistas exigen se esclarezcan los agravios cometidos hacia sus personas y sus unidades, pero también confían en “desenmascarar” a las autoridades que en contubernio con Axel García, pretenden monopolizar el servicio.

Funcionarios coludidos con invasores de predios

Funcionarios coludidos con invasores de predios

01 de agosto de 2011

*Más de 150 familias temen al siguiente “zarpazo” de los despojadores de terrenos en el paraje Paxixico Los Reyes La Paz, Méx.- Ciento cincuenta y siete familias viven en zozobra ante el riesgo de perder su predio por la indiferencia del gobierno municipal, encabezado por Rolando Castellanos Hernández. Los afectados critican: “lejos de brindar seguridad a sus gobernados como lo dicta la ley, y como es su obligación, tal parece que se complace en dejar que grupos de invasores actúen a sus anchas”. En la parte alta del cerro El Pino, del paraje Paxixico, el Movimiento Antorchista compró a Victoriano Arista un predio de 27 mil 800 metros cuadrados. Esta zona tradicionalmente ha sido asediada por grupos de invasores, a decir de los diferentes propietarios del paraje y sus alrededores, y en cualquier momento pueden ser víctimas de despojo, como ha ocurrido en varias ocasiones; sin tener un amparo legal de la administración de Castellanos Hernández. Una y otra vez, los vecinos de Paxixico han denunciado que el gobierno municipal está detrás de esas acciones ilegales pues –aseguran- que diferentes funcionarios locales sostienen reuniones con los grupos de invasores. Como parte de este grupo acusan al director de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Flores Vázquez; el de gobernación, Román Rico González; Jaime Luna Avendaño, director del Organismo de Agua Potable; y, Alicia Neyra Ortiz, primera regidora. De acuerdo con los denunciantes, estos funcionarios no se preocupan por cuidar las formas, pues no ocultan su relación con los grupos que actúan al margen de la ley. Por ello, las familias que recién tomaron posesión de su lote se han organizado a fin de luchar de manera mancomunada contra esta opresión; por el momento montan guardias de vigilancia día y noche en el paraje Paxixico, pues temen que de un momento a otro se presenten estos invasores.“La primera vez que vinieron a provocar traían machetes y palos, pero no hemos caído en sus provocaciones porque no se trata de golpearnos sino de arreglar las cosas de manera civilizada; también porque tanto de un lado como del otro hay niños; ellos son los que llevarían la peor parte en este asunto. La unión de Antorcha es evitar caer en las provocaciones, tratar de sobrellevar la situación”, comentó Juana Santiago García, madre de familia. Los afectados insistirán en que Rolando Castellanos Hernández intervenga en el asunto, pero si éste persiste con su actitud de total omisión, solicitarán la intervención del gobernador Enrique Peña Nieto pues —dicen— no es justo vivir con angustia e incertidumbre por culpa de quienes intentan despojarlos.